COMUNICADO DE PRENSA: Corte Constitucional debe decidir en caso de DOW Química

COMUNICADO DE PRENSA: Corte Constitucional debe decidir en caso de DOW Química

Bogotá, D.C., 5 de Junio de 2014

Corte Constitucional debe decidir: última oportunidad para que el daño ambiental causado por Dow Química no quede impune

La Corte Constitucional decidirá si el derrame de Dow Química de Colombia S.A. en la bahía de Cartegena quedará impune.

Hace 24 años, DOW Química derramó 238 kg. del químico Lorsban en la Bahía de Cartagena. Esta sustancia, letal para la vida acuática, tanto que en las instrucciones de uso indica “evite contaminar fuentes de agua…” , afectó al menos 3 km2 y generó pérdidas para el sector pesquero, cuantificados en el proceso de acción popular, por más de $12 mil millones de pesos. DOW nunca ha pagado por el daño ambiental. La empresa se limitó a tomar las medidas correctivas para que no se repitiera un hecho similar, contrató personal para recoger el pescado muerto y realizó una donación de 35 millones del Fondo Pro-Pesca Artesanal. Este caso llega a la Corte Constitucional después de 25 años:

  • En primera instancia, el Juzgado 4º Civil del Circuito de Cartagena, Bolívar, declaró la responsabilidad ambiental de Dow Química por el daño ecológico y condenó al pago de los perjuicios a favor del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena. En pesos de hoy, el pago de los perjuicios sumaría más de 25 mil millones de pesos.
  • En segunda instancia, la Sala de Decisión Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Bolívar, revocó la decisión del juzgado por considerar que, a pesar de acreditar la existencia del daño ecológico, (i) la acción popular solo tiene el carácter de preventiva; y (ii) por el paso del tiempo, con las acciones que en 1989 se adelantaron para evitar hechos similares, no es procedente la declaratoria de responsabilidad ambiental..
  • Posteriormente, en sede constitucional, la Corte Suprema de Justicia determinó que la acción popular no puede ser indemnizatoria, por lo tanto, tampoco tiene la posibilidad de restaurar el daño a los bienes de uso público.
  • Hoy, se espera que la Corte Constitucional seleccione el caso y corrija la decisión del Tribunal y la Corte Suprema. Las implicaciones de esta sentencia para la bahía de Cartagena y para Colombia son graves. En primer lugar, se malinterpreta el alcance de las acciones populares al afirmar que éstas sólo tienen carácter preventivo. En segundo lugar, al exonerar a DOW del daño causado, y de la sanción económica, crea un precedente y un incentivo perverso para dilatar los casos en los estrados judiciales o en instancias administrativas.

Ante la posibilidad de generar un precedente preocupante para la defensa del interés público y los derechos colectivos, Fundepúblico ha solicitado a la Corte Constitucional un pronunciamiento sobre el caso. Esperamos que la Corte Constitucional aclare el alcance de las acciones populares y reafirme que el paso del tiempo no borra las consecuencias ambientales, económicas y sociales resultado de la contaminación y la afectación a los recursos naturales. Asumir que no es posible determinar la existencia o no del daño ambiental por la demora de los operadores judiciales, significa que la afectación de los derechos colectivos, cómo el derecho al medio ambiente sano, quedará en la absoluta impunidad mediante una interpretación caprichosa y arbitraria, y un sistema judicial ineficiente e ineficaz. Para mayor información comunicarse director@fundepublico.org

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