Contra la corrupción administrativa

Fundepúblico inició una investigación a raíz de la grave crisis del sector energético en 1992, que ocasionó la suspensión de un 40% del suministro eléctrico. Para enfrentar la crisis, el gobierno del momento estableció un plan de emergencia. Éste contemplaba la contratación de unos generadores temporales móviles montados sobre barcazas que jamás generaron un solo kilovatio. Fundepúblico encontró que la empresa contratada no tenía experiencia alguna en el tema, ni solvencia financiera. También verificó que el gobierno había anticipado un pago por US$9 millones de dólares y que el monto de la comisión de los agentes colombianos por la intermediación había sido del 20% del contrato.

Fundepúblico entregó la investigación a la fiscalía y le solicitó que la reconociera como parte civil en ejercicio de la acción popular en representación de los usuarios perjudicados por la crisis del sector eléctrico. La fiscalía, en la primera y segunda instancia, sostuvo que las acciones populares no estaban reglamentadas en materia penal. La Fundación interpuso, entonces, acción de tutela contra las decisiones de las fiscalías por considerar que se le estaba negando el derecho fundamental de acceso a la justicia.

La Corte Constitucional aclaró la vigencia de las acciones de grupo y la posibilidad de ejercerlas en los procesos penales en representación de las víctimas afectadas por delitos. Esta jurisprudencia abrió para el ciudadano, para las organizaciones no gubernamentales y, específicamente para Fundepúblico, la posibilidad de intervenir en procesos penales originados en delitos que afectan los derechos colectivos.

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