Contra la importación de desechos tóxicos

En 1994, los ministerios del Ambiente y de Salud profirieron órdenes contra un importador a fin de que reexportara unos desechos tóxicos que, provenientes de Croacia, habían ingresado al país en violación de la norma constitucional. El importador alegó carencia de recursos económicos y a los cinco meses las basuras seguían en la zona franca de Santa Marta.

Fue entonces cuando Fundepúblico entabló una acción de tutela en nombre de algunos vecinos del lugar, para que mediante una orden judicial se ordenara la salida definitiva del país de los residuos peligrosos. Dicha orden, que por sí sola constituía un precedente internacional, fue proferida por el Tribunal Superior de Santa Marta y se cumplió cuando el mismo barco que los había traído toco de nuevo puerto colombiano.

En cumplimiento de la decisión del juez de tutela, las autoridades aduaneras escoltaron la mercancía desde Santa Marta hasta Cartagena y la embarcaron en el navío Triglav. La Armada Nacional condujo el barco fuera de las aguas territoriales. Éste continuó su ruta hacia el sur del continente; en el trayecto, algunos países como Ecuador y Perú le impidieron tocar sus puertos; otros como Chile, solo le permitieron desembarcar mercancía, pero bajo la estricta vigilancia de las autoridades navales. En Panamá, los desechos fueron trasladados al barco Velebit, que al llegar a Eslovenia fue inspeccionado por Greenpeace. Esta entidad, que había estado al tanto del caso, recibió luego una carta explicatoria de parte de parte de la naviera Croatia Line.

La Orden del Tribunal de Santa Marta, confirmada por la Corte Suprema de Justicia, sentó un precedente definitivo sobre reexportación de desechos tóxicos.

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