En defensa de los derechos de comunidades indígenas

Fundepúblico y la Organización Indígena de Antioquia, en nombre del resguardo indígena de Chageradó (comunidad emberá-catío), obtuvieron en octubre de 1993 un nuevo éxito en la acción de tutela. El origen de esta acción fue el corte ilegal de 3400 a 4300 hectáreas de bosque húmedo tropical en el resguardo de la comunidad emberá-catío. El aprovechamiento forestal lo llevó a cabo un maderero de la región, sin permiso alguno de las autoridades y con el apoyo logístico y técnico de una importante empresa maderera del país, el cual incluyó apoyo financiero y maquinaria pesada.

La Corte Constitucional falló en favor de la comunidad, tutelando el derecho a la vida, el trabajo, la propiedad y la integridad étnica de la comunidad indígena. Para restablecer los derechos violados, dicho tribunal ordenó a Codechocó (entidad ambiental de la región) restaurar los recursos naturales y efectuar la estimación económica de los daños bajo la supervisión del Departamento Nacional de Planeación.

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